Tras 82 días de reclusión, la defensa del exmandatario venezolano alega violaciones constitucionales por insolvencia económica para financiar sus abogados
El exmandatario venezolano Nicolás Maduro se presentó este jueves ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, bajo la supervisión del juez Alvin Hellerstein, tras cumplir 82 días en prisión. Durante la audiencia, su defensa técnica, encabezada por el abogado Barry J. Pollack, solicitó formalmente la anulación del juicio por narcoterrorismo, argumentando que se han vulnerado la Quinta y Sexta Enmiendas de la Constitución estadounidense. El eje central del reclamo radica en una presunta incapacidad económica de Maduro y su esposa, Cilia Flores, para costear una defensa legal privada de su elección, debido al bloqueo de fondos y activos impuesto por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
La estrategia de la defensa sostiene que la negativa del Tesoro estadounidense para liberar licencias que permitan el pago de honorarios interfiere con el derecho de propiedad y el debido proceso. No obstante, la fiscalía ha refutado estos argumentos señalando que Maduro tiene a su disposición abogados de oficio proporcionados por el tribunal, cumpliendo así con las garantías constitucionales. Además, los fiscales subrayaron que el acusado no ha probado fehacientemente su insolvencia económica y recordaron que la administración de Donald Trump ha ratificado que no se utilizarán fondos estatales venezolanos, actualmente bajo custodia internacional, para financiar la defensa de quien consideran un usurpador involucrado en actividades criminales transnacionales.
El proceso contra Maduro se sustenta en un detallado informe de la DEA que vincula a su círculo cercano con una red de narcoterrorismo y alianzas estratégicas con el régimen iraní para evadir sanciones. Entre las pruebas presentadas se mencionan esquemas de lavado de dinero, tráfico de armas y la facilitación operativa para grupos como Hezbollah y Hamas en la región. El juez Hellerstein deberá resolver en las próximas horas no solo la solicitud de anulación, sino también una petición de la fiscalía para restringir el acceso de otros coacusados —como Diosdado Cabello y el líder del “Tren de Aragua”— a las evidencias sensibles del caso, con el fin de proteger la integridad de la investigación en curso.
