Las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores acusan al Comité de la ONU de ignorar avances institucionales y centrarse en hechos ocurridos entre 2009 y 2017
El Gobierno de México manifestó su rechazo rotundo al informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU publicado este 2 de abril, calificándolo de “tendencioso” y carente de rigor jurídico. A través de un comunicado conjunto, la Segob y la SRE señalaron que el organismo internacional omitió los avances presentados apenas el pasado 27 de marzo, los cuales demuestran un robustecimiento del marco legal y operativo desde 2019. El Ejecutivo federal subrayó que el informe se limita a analizar la situación en solo cuatro estados y se basa primordialmente en contextos de administraciones pasadas, ignorando la realidad actual del país.
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que el propio Comité reconoció en su resolución que no existen indicios de una política federal para cometer ataques sistemáticos contra la población, lo que contradice sus premisas generales. El Gobierno defendió herramientas recientes como la Alerta Nacional de Búsqueda, la obligación de abrir carpetas de investigación ante el primer reporte y el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses. Según el comunicado, estas reformas legislativas, realizadas en coordinación con colectivos de familiares, representan una transformación profunda que el CED no consideró debidamente en su evaluación.
Finalmente, México reafirmó su compromiso con la erradicación de este delito y su disposición a la cooperación técnica internacional, siempre que esta no parta de diagnósticos que no reflejen los esfuerzos presentes. Las autoridades reiteraron que el Estado mexicano “no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas” y que la política actual se centra en la búsqueda, identificación y garantía de justicia para las víctimas. Con este posicionamiento, el Gobierno busca deslindarse de las prácticas de periodos anteriores y validar el nuevo protocolo de búsqueda inmediata que entró en vigor recientemente en todo el territorio nacional.
