La reforma constitucional que elimina las jubilaciones de lujo para altos funcionarios entra en vigor tras alcanzar el respaldo de la mayoría de los congresos locales
Este miércoles 8 de abril de 2026, el Congreso de la Unión realizó la declaratoria de constitucionalidad de la reforma que pone fin a las llamadas “pensiones doradas” en todo el país. El anuncio se dio luego de que 20 legislaturas estatales ratificaran la iniciativa enviada por el Ejecutivo, cumpliendo así con el requisito legal para modificar la Carta Magna. Esta nueva disposición prohíbe que cualquier exfuncionario público —incluyendo exgobernadores, magistrados y directivos de organismos autónomos— reciba pensiones que excedan el tope establecido para el resto de los trabajadores del Estado.
Puntos clave de la reforma:
• Tope máximo: Ninguna pensión de retiro podrá ser superior al salario de la Presidenta de la República.
• Eliminación de privilegios: Se suprimen los bonos de fin de cargo, seguros de vida privados y gastos de representación vitalicios para altos mandos.
• Retroactividad: La ley establece mecanismos para revisar y ajustar las pensiones vigentes que sean consideradas desproporcionadas, bajo el principio de austeridad republicana.
• Destino de los recursos: Los ahorros generados (estimados en miles de millones de pesos anuales) se destinarán directamente al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la noticia, calificándola como un acto de “justicia social” que elimina una de las brechas más ofensivas entre la clase política y la ciudadanía. Por su parte, los sectores de oposición en algunos estados manifestaron reservas sobre la retroactividad de la ley, advirtiendo sobre una posible lluvia de amparos. Sin embargo, con la declaratoria de hoy, la reforma se turnará al Diario Oficial de la Federación (DOF) para su publicación inmediata, marcando el inicio de una nueva etapa en la administración de los recursos públicos destinados a la seguridad social de los servidores públicos.
