El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU concluyó que el expresidente peruano fue privado de libertad sin sustento legal tras su intento de disolver el Congreso en diciembre de 2022.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU concluyó que la detención del expresidente de Perú, Pedro Castillo, tras su intento de disolver el Congreso el 7 de diciembre de 2022, fue “arbitraria”. En un documento de 19 páginas, el organismo internacional recomendó al Estado peruano ordenar su liberación inmediata, otorgarle una reparación e investigar las presuntas irregularidades cometidas durante el proceso.
Los especialistas de la ONU señalaron que Castillo no podía ser detenido mientras mantuviera el fuero presidencial y antes de que el Congreso aprobara el levantamiento de su inmunidad. También cuestionaron que la orden de detención fuera emitida por el Ministerio Público, al considerar que no constituye una autoridad judicial independiente. Además, indicaron que el exmandatario no fue notificado oportunamente para ejercer su defensa antes de la vacancia por incapacidad moral y fue representado por un defensor público designado sin su consentimiento.
El GTDA consideró que la privación de la libertad de Castillo careció de sustento legal y que durante el proceso no se respetaron garantías fundamentales del debido proceso. El organismo señaló que el Estado peruano vulneró los artículos 3, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. “El remedio adecuado sería poner al señor Castillo inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación”, expresa el documento.
Cabe destacar que las conclusiones del grupo no son vinculantes para el gobierno peruano. Castillo fue detenido el 7 de diciembre de 2022 después de anunciar la disolución temporal del Congreso e instaurar un gobierno de excepción. La Fiscalía peruana le imputa los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, entre otros relacionados con el intento de ruptura del orden constitucional.
