Marco Rubio anunció sanciones más amplias y restricciones para el personal del organismo. La ofensiva diplomática busca que países aliados abandonen la corte.
El gobierno de Estados Unidos inició una ofensiva diplomática para debilitar a la Corte Penal Internacional, según anunció el secretario de Estado, Marco Rubio. El funcionario sostuvo que el organismo representa una amenaza para la soberanía estadounidense al arrogarse la facultad de juzgar a militares y funcionarios del país.
La postura de Washington se apoya en el hecho de que Estados Unidos nunca firmó el Estatuto de Roma, documento que dio origen a la CPI. La administración de Donald Trump ya había sancionado previamente a autoridades de la corte por investigaciones sobre presuntos crímenes de guerra cometidos en Afganistán y por acciones contra funcionarios de Israel, uno de los principales aliados estadounidenses.
Entre las medidas anunciadas se incluyen la prohibición de entrada a territorio estadounidense para el personal de la corte, el endurecimiento de sanciones contra sus miembros y organizaciones vinculadas, además de mayor vigilancia sobre naciones que reciben apoyo militar de Estados Unidos pero no rechazan abiertamente a la CPI. Rubio calificó al organismo como un intento de convertirse en “un árbitro global sin rendición de cuentas”.
