Por: Argonauta
El resurgimiento de los expedientes del FBI pone a prueba la credibilidad de las instituciones de seguridad en Nuevo León.
La historia contemporánea de Nuevo León parece estar atrapada en las páginas de una contabilidad oscura que se niega a quedar en el pasado. La llamada “Libreta de los Zetas”, hoy bajo custodia de agencias federales en Estados Unidos, representa mucho más que un simple registro de gastos; es el mapa de una era de sombras que continúa proyectándose sobre el presente político del estado. Cuando nombres de funcionarios de alto nivel y actuales líderes municipales emergen vinculados a estos documentos, la discusión pública se desplaza de la eficiencia administrativa hacia la integridad fundamental de nuestras instituciones.
Para Adrián de la Garza, actual alcalde de Monterrey y exprocurador, estos señalamientos no son nuevos, pero su persistencia es sintomática de la corrupción del dinosaurio. La vinculación de su gestión en la entonces Procuraduría con presuntas redes de protección citadas en expedientes del FBI exige una respuesta que trascienda la retórica electoral. No basta con calificar las investigaciones como “guerra sucia” cuando el origen de la información proviene de procesos judiciales internacionales; los regios merecen claridad sobre si quienes hoy buscan gobernar este importante estado, en algún momento, estuvieron bajo la nómina del CO.
Este fenómeno no se limita a Adrián de la Garza, sino que alcanza a un círculo de colaboradores cercanos y se extiende hacia la estructura de la Secretaría de Seguridad estatal. La rotación de mandos que han transitado desde los años más críticos de la violencia hacia posiciones estratégicas de poder actual genera una percepción de continuidad que resulta, por lo menos, inquietante. El hecho de que piezas clave del aparato de justicia local figuren en archivos de inteligencia extranjera subraya una vulnerabilidad sistémica: la posibilidad de que los encargados de protegernos hayan sido, simultáneamente, miembros activos de los cárteles de la droga.
En última instancia, el futuro democrático de la región depende de su capacidad para confrontar su pasado sin evasivas. Para que las instituciones recuperen la confianza absoluta de los neoleoneses, las interrogantes éticas y legales planteadas por la “libreta de los Zetas” deben resolverse con transparencia y no solo con desmentidos. Un estado no puede caminar hacia la vanguardia y la prosperidad mientras los fantasmas de su década más oscura sigan dictando la narrativa de su liderazgo actual. La rendición de cuentas no es una opción política, es el único camino para cerrar un capítulo que por permanecido abierto demasiado tiempo sigue desangrando la confianza en el estado.
